La Procuraduría General de la República tiene atribuciones relativas a la representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, los ingresos públicos nacionales, los contratos, las contrataciones, la asesoría jurídica y representación judicial, entre otras gamas de competencia.
En cada uno de los ámbitos arriba mencionados, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República prescribe una serie de funciones, entre las cuales tenemos:
- Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República.
- Representar y defender a la República, en los juicios que se susciten entre ésta y personas públicas o privadas, por nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación y cumplimiento de contratos que suscriban los órganos del Poder Público Nacional.
- Representar y defender judicial y extrajudicialmente los derechos e intereses de la República, relacionados con los ingresos públicos nacionales.
- Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional.
- Emitir su opinión sobre los contratos de interés público nacional.
- Asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional, a solicitud de sus máximas autoridades, así como a los institutos autónomos, a las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado.
- Asesorar jurídicamente a las empresas del Estado y demás establecimientos públicos nacionales y a los Estados y Municipios, cuando a su juicio, el asunto objeto de la consulta esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
- Promover ante las autoridades competentes todo lo conveniente a los intereses de la Nación.
- Representar al país en todas las cuestiones judiciales que afecten los intereses nacionales.
- Dictaminar sobre las cuestiones internacionales que rocen con la soberanía nacional y en los reclamos que afecten la hacienda pública.
- Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones del Gobierno Nacional.
- En su condición de órgano superior de consulta, desarrollará un Sistema Integral de Asesoría Jurídica bajo su dirección, destinado a homogeneizar la política jurídica del Estado