Investigación: Órdenes ejecutivas de EE.UU. son contra el pueblo venezolano

Caracas, 9 de marzo de 2020 (Prensa PGR) Barack Obama, el entonces presidente de EE.UU., declaró el 9 de marzo del año 2015, una emergencia nacional contra Venezuela, tras considerar que la situación política en el país caribeño constituía "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad y política exterior de Washington. La declaración, que figura en el Decreto 13692, sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. En un primer momento, las sanciones, que incluyeron la congelación de los activos ubicados en los EE.UU., se dirigieron a diversos funcionarios de alto rango.

Primeros alcances:  Los primeros motivos para ser objeto de sanciones por parte de EE.UU. eran, por ejemplo, "ser o haber sido funcionario del Gobierno de Venezuela", lo que atribuía "culpabilidades" basadas en la asociación de una persona con el Gobierno, y no en el hecho de haber cometido un acto ilícito en sí. En este decreto, se entendía por "Gobierno de Venezuela", cualquier subdivisión política, organismo o agencia del Estado, o funcionario.

Durante la Administración de Obama fueron 7 los funcionarios sancionados. Pero, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento amplió sus medidas unilaterales. 

Varios años han pasado y el impacto de las sanciones no ha discriminado entre Gobierno y oposición. Los venezolanos, en su totalidad, padecen hoy las consecuencias de esas medidas, por lo que desde ambos sectores políticos coinciden en el rechazo a esta estrategia de presión. Adicionalmente se atribuyen a las sanciones, la causa única de la crisis económica.

Las medidas coercitivas, además, no solo son las que figuran en los decretos públicos, sino que también han operado sobre Venezuela sanciones informales, que no están establecidas en ningún documento oficial.

Las sanciones "informales", restringen, entre otras cosas, las operaciones de comercio internacional, que se vinculan a la importación de alimentos, medicamentos y repuestos estratégicos para empresas y servicios públicos.

Golpes directos: En agosto de 2017, Trump promulgó el Decreto 13808, a través del cual prohibió la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela; recrudeciendo el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública, y afectando gravemente las operaciones de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), medida que impidió que nuestro país tuviese acceso a los mercados financieros de los EE.UU. y significó el inicio de una fuerte caída en la capacidad importadora de la nación.

Luego en marzo de 2018, Trump dictó el Decreto número 13827, que prohíbe toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico, moneda digital por parte del Gobierno de Venezuela. Semanas antes, el presidente Nicolás Maduro había lanzado la criptomoneda "Petro".

Posteriormente, el 21 de mayo de 2018, tras la reelección del presidente Maduro, Trump arremetió con el Decreto 13835, recrudeció las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana, aplicadas no solo al Gobierno, sino a todos los entes estatales, entre ellos el Banco Central de Venezuela (BCV) y nuevamente PDVSA.

Estas sanciones afectaron el comercio de bienes desde y hacia Venezuela, las transacciones financieras internacionales del Estado, y de las entidades económicas que tienen vínculos con él, la capacidad de emitir deuda soberana nueva y la capacidad de refinanciar la deuda ya asumida, así como el comercio petrolero y la cadena de suministros asociada a esta industria, se considera que estas medidas fueron el inicio de una debacle.

La debacle: El 1 de noviembre de 2018, con el Decreto 13850, Trump estableció un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operaran en el sector oro o "en cualquier otro sector de la economía que determine el Secretario del Tesoro".

Según ese mismo decreto, el 28 de enero de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro clasificó como "empresa designada" a PDVSA. Como consecuencia, todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encuentran dentro de la jurisdicción de los EE.UU. (incluyendo la filial CITGO) fueron bloqueados, y se prohibió en términos generales que los ciudadanos y las compañías estadounidenses realizaran operaciones con la empresa.

La fuerza de estas últimas medidas despertó el repudio más allá de las fronteras venezolanas. EE.UU. ha estado aprovechando las vulnerabilidades del país sudamericano para iniciar una guerra económica subliminal.  No obstante, a partir de este año, EE.UU. ha declarado una agresión económica en toda su magnitud:  declararon un bloqueo contra PDVSA que controla las mayores reservas de petróleo del mundo y produce prácticamente la totalidad de las divisas de Venezuela.

Los privados también pierden

Luego, el 5 de agosto de 2019, la orden ejecutiva 13884 amplió el programa de sanciones a la categoría de "embargo". Fue así como EE.UU. procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas.

Esto quiere decir que los proveedores y contratistas privados de PDVSA, y demás empresas públicas, serán sancionados, lo que también afecta a la empresa privada

Estas medidas son aún más graves y destructivas que las medidas de agosto de 2017. Fueron las impuestas por Washington en enero del año pasado y sus acciones posteriores. Estas sanciones quedarían comprendidas en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en los convenios internacionales de Ginebra y de La Haya.

El pueblo venezolano

Los efectos de las sanciones han restringido severamente la capacidad del Gobierno de ejecutar las políticas públicas que permitan a millones de venezolanos ejercer sus derechos fundamentales, como la salud o la alimentación. 

Las medidas coercitivas de carácter económico se dictaron a finales del año 2018 y las petroleras, más fuertes y destructivas, se aplicaron en enero de 2019. Por ende, el real efecto de medidas está apenas manifestándose.

Estas sanciones tienen un impacto devastador en la economía y contribuyen de forma determinante en la agudización de la crisis política.

Recientemente, el presidente estadounidense envió una carta al Congreso estadounidense para extender la Orden Ejecutiva 13692, con respecto a la situación en Venezuela.

Sin embargo, el gobierno de Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por "crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano" y emprendió una campaña que busca darle visibilidad a esa realidad, puertas adentro, con el lema "Las sanciones son un crimen".

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Yanurzis Lugo Márquez