Pedro Infante: Con las “3P” sector privado, público y pueblo avanzaremos por Venezuela

“Este tipo de leyes, en este momento político, económico, actual del país, necesita de la confluencia de lo que yo llamo las ´3P´, el sector privado, el sector público, pero también del pueblo”, expresó este jueves el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante.

Desde el hemiciclo legislativo, durante la plenaria para los debates de las primeras discusiones aprobadas sobre las tres leyes propuestas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Infante manifestó su seguridad de que las tres “P” confluyen mediante un trabajo en conjunto.

Dijo que la primera, con la reforma de ley de Hidrocarburos, se conecta con la producción de petróleo y otras riquezas para generar las divisas que son necesarias en la protección del ingreso de los trabajadores; la segunda, la Ley para Derechos Socioeconómicos, y la tercera, Ley de aceleramiento de trámites administrativos, favorecerán al pueblo y a la economía en general. “Esto tributará en el bienestar de nuestro pueblo”.

Derechos socioeconómicos

Sobre la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Socioeconómicos del pueblo, Infante quiso destacar algunos elementos que se plantearon en la exposición de motivos del proyecto.

Mencionó que entre los elementos fundamentales que se expresan en este proyecto, se encuentran:

Primero: se retoman las normas de protección al consumidor y usuario que estuvieron vigentes hasta la aprobación de la Ley de Precios Justos, ajustándola a la realidad actual.

Segundo: Se rescata la figura de los Comités de consumidores y usuarios al tiempo que se reconoce el papel de los Consejos Comunales del pueblo organizado.

Tercero: Se mantiene la figura de una Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y el concepto de protección de los derechos de la gente, del pueblo, del ciudadano y la ciudadana.

Cuarto: Se crea un Sistema Nacional de Observación, como herramienta para la supervisión y monitoreo de los precios, al tiempo que preserva la competencia del Estado.

Quinto: Se reconoce toda la dinámica económica, se despenalizan diversas conductas tipificadas en la Ley de Precios Justos, que pasan a sancionar como infracciones administrativas, se disminuye la discrecionalidad de los funcionarios de la superintendencia, al reservar la aplicación de medidas como ocupación temporal y cierre de los establecimientos a la autorización de la máxima autoridad de este ente.

Sexto: Se retoma el uso de la conciliación entre los proveedores de bienes y servicios y los consumidores y usuarios como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley.

T/VTV